Tras el lawfare hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Subsecretaría de Derechos Humanos repudió este acto expresando: "repudiamos las prácticas de lawfare o “guerra jurídica” que se vienen sucediendo contra la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que esta práctica posee consecuencias directas que lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos de quien lo padece y, también, de los Derechos Humanos consagrados en nuestra propia ley suprema por parte de toda la sociedad."
Y prosiguieron: "El lawfare en nuestro país -y en toda Latinoamérica- genera graves lesiones al Estado de derecho y a la forma republicana de gobierno, colocando al Poder Judicial a disposición -y en defensa- de los poderes fácticos. Por ello, esta práctica viola integralmente los derechos de las personas víctimas de la persecución mediática-judicial, vulnerando los derechos receptados en nuestra Constitución Nacional y convenios internacionales, tales como el debido proceso, defensa en juicio, principio de inocencia y demás garantías judiciales. Por otro lado, esta mecánica imposibilita el ejercicio democrático y el sostenimiento de una democracia popular, al proscribir líderes y dirigentes que se opongan a los intereses de los grupos concentrados de la economía en defensa de las grandes mayorías."
"En este sentido, se crearon peligrosos marcos jurídicos en el seno del Poder Judicial. La llamada “doctrina Irurzun”, a modo de ejemplo, impone prisión preventiva a ex funcionarios públicos argumentando la existencia de un “poder residual” que les permitiría entorpecer la investigación en su contra. Curiosamente, la doctrina sólo fue utilizada contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista, no aplicándose contra ex funcionarios de otros partidos políticos. Un claro ejemplo de ello es el silencio sepulcral que guarda el poder judicial frente a aquellos que acordaron el crédito de deuda más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional, sin siquiera cumplir con los procedimientos legales obligatorios para este tipo de empréstitos, condenando a millones de compatriotas a vivir en la pobreza y con un impacto sumamente violatorio a los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales", agregaron desde la Subsecretaría.
Para terminar concluyeron "Por ello, el lawfare constituye una práctica antirrepublicana y violatoria de derechos procesales en especial pero también de Derechos Humanos, por lo que esta Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado en defensa de la independencia judicial, para la democracia e insta especialmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, como máxima autoridad del Poder Judicial, intervenga de manera urgente para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia y, en última instancia, garantizar los Derechos Humanos en nuestro país."
