Una situación muy tensa se vivió este jueves en el juicio a ex funcionarios de la gestión Bruera por el supuesto pedido de coimas para rezonificar terrenos destinados al exitoso plan Procrear.
El escándalo empezó cuando Marcelo Peña, abogado de uno de los acusados, Gustavo Orlandi, por la imputación de cohecho activo, dijo: “Con el respeto que me merece la Fiscal tengo que señalar que esta es una causa armada”.
Peña aclaró que sus dichos carecían de cuestionamientos personales y la fiscal Victoria Huergo se sonrió y contuvo la risa con una mano en la boca.
El clima vivido aumentó en dureza. Recordemos que a Gustavo Orlandi se le imputa haber entregado U$A 10.000 a Christian Ybarra a cambio de rezonificar media hectárea. Decidido y enfático, Peña descalificó la imputación haciendo notar que el articulo 267 de la Ordenanza 10703 taxativamente establece que las tierras a rezonificar deben tener al menos una (1) hectárea.
También cuestionó que se diera por probado el pago por un email en que Ybarra diría que ya cuenta con la “documentación” faltante. Recalcó que, tratándose de cuestiones sobre trámites y expedientes es absurdo identificar, sin más, “documentación” con hablar de dinero “en clave”. Peña descalificó la metodología probatoria de la Fiscal, reiterando que sólo se trataban de “meras conjeturas”, puros indicios, "que no guardan ninguna relación con el compromiso con la verdad que debería observar el Ministerio Público”.
El letrado agregó que en estas jornadas “se había observado mayor celo con la verdad de parte de los defensores”.
También cuestionó algunas instancias de la investigación penal preparatoria, como no extender a otras personas las intervenciones telefónicas: “Si se hubieran continuado, seguramente estos imputados no estarían sentados aquí”. Además, recordó momentos en que un vocal del Tribunal preguntó por qué no se investigaron niveles superiores, y se interrogó a sí mismo: “¿Para no molestar a algún político de turno?”.
Continuando con esa línea “fuerte y dura” de su alegato, según los observadores, no se privó de señalar que “esta es una causa claramente política”, una causa que “tuvo el claro objetivo de crear, de inventar, una causa por corrupción”.
En tanto, Peña insistió con “el desapego con la verdad de parte de la fiscalía”, y comenzó a relatar que tiempo atrás había sido abordado por Andreau (denunciante) en el edificio del Tribunal. En esa oportunidad, según Peña, Andreau le habría dicho que podía aportar más información y ampliar la denuncia. Ante esto Peña le dijo que no podía interlocutar con él y que, lo que correspondía, era que se dirigiera a la Fiscal. Andreau le respondió, siempre al decir de Peña, que la Fiscal le “había cortado el rostro” y que “no lo atendía y no le respondía ni llamados ni mensajes”.
Tras el cierre impuesto por la Presidenta del Tribunal, la Dra. Hoerr, la fiscal Huergo increpó a Andreau ante lo cual la presidenta del tribunal sugirió continuar la discusión en “otra sala”. El entredicho continuó en el hall y Andreu habría insistido con que "acá están juzgando perejiles que ya estuvieron presos".
El escandalete fue analizado por algunos observadores que concuyeron en que "más tarde que temprano tenía que pasar algo por el estilo, las pruebas no son propiamente tales, son puras conjeturas e interpretaciones forzadas de carácter persecutorio".
En ese contexto se animaron a señalar que "hay saña" de parte de la acusación y que “si este no fuera un juicio político lo único que cabría esperar es un fallo absolutorio para todos los imputados”.
FUENTE: Diario Full
