En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos presentó el proyecto de Ley de Protección para las Familias Sobreendeudadas.
El objetivo de la iniciativa impulsada por el diputado provincial Juan Miguel Gómez Parodi es proteger a las familias bonaerenses que no pueden afrontar sus deudas en los casos en los que pagarlas implique dejar de acceder a bienes esenciales.
La presentación tuvo lugar en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y estuvo encabezada por Gómez Parodi. Contó también con la presencia del Director provincial de Defensa del Consumidor, Luciano Blanco y los especialistas en derechos del consumidor Adrian Ganino, Samanta Lagrutta y Cristian Luisi, el diputado.
El proyecto propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, situación para la cual crea un procedimiento administrativo específico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos. Se considera que un consumidor está sobreendeudado cuando se ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de consumo y pagarlos le dificulta el acceso a bienes esenciales, afectando la salud y la economía familiar.
En este sentido, Gómez Parodi destacó la importancia de avanzar en la protección y ampliación de derechos de las familias bonaerenses: “La propuesta es modificar la Ley de Defensa del Consumidor para incorporar la protección a los consumidores frente al fenómeno del sobreendeudamiento. Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos, y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”.
La iniciativa prevé que aquellos ciudadanos que consideren que se encuentran sobreendeudados puedan presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes.
En caso de acreditarse tal condición, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo. El acuerdo podrá comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago. Se establecerá el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo. Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.
Con la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia administrativa pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.
El proyecto establece también que se refuercen aspectos fundamentales de la defensa del consumidor relacionados con la información. El usuario consumidor deberá ser informado claramente al momento de contratar acerca de las condiciones, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación, plazos y cualquier otro aspecto relacionado con la transacción.
