La defensa de Julio “Chocolate” Rigau realizó un planteo ante el Juez de Garantías por la reactivación unilateral de la causa emprendida por la fiscalía.
En las últimas horas, la fiscal Betina Lacki llamó a declarar a las personas que figuran en las tarjetas de débito como supuestos empleados de la Legislatura bonaerense.
En ese sentido, señaló que dichas audiencias se llevarán a cabo desde el 18 de octubre, hasta el 13 de noviembre, en la sede del Poder Judicial de la calle 7, entre 56 y 57.
Desde la defensa del imputado, encabezada por Alfredo Gascón y Miguel Molina, insistieron en que las medidas ordenadas por el Ministerio Público fiscal deben suspenderse. Además, pidieron la restitución del celular secuestrado de su cliente. La fiscal había ordenado su peritaje.
“La doctrina de la no ejecutoriedad de las sentencias resultan aplicables en beneficio del imputado y no en perjuicio de este como sostiene la fiscalía”, indicaron en el escrito que presentaron.
Por otro lado, destacaron que la decisión de la fiscalía es “un flagrante alzamiento a la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantias que afrenda garantías constitucionales”.
Y pidieron que “el eventual resultado de la producción de prueba solicitada en este contexto resulta nula”.
“Sin perjuicio de que la Fiscalía de Cámaras interpuso recurso de casación contra dicho auto y que fuera declarado formalmente admisible por la Alzada, lo cierto es que la única decisión jurisdiccional vigente es una sentencia de nulidad de lo actuado”, agregaron.
“A pesar de la contundencia argumental de la sentencia de la Cámara, la Fiscalía instructora en un alzamiento contra un fallo de una Instancia superior, dispuso proseguir con la instrucción, lo que implica no solo un desconocimiento de las potestades y jurisdicciones constitucional y legalmente asignadas –rayanas con el desacato y la sedición- sino que además pretende continuar con el sometimiento a proceso a un ciudadano que fuere amparado por la Jurisdicción en su derecho a no ser interferido en su privacidad”, marcaron los abogados Gascón y Molina en otro tramo del planteo.
Finalmente, cuestionaron el secuestro del celular de Rigau: “No existía ninguna razón atendible para secuestrar el teléfono celular perteneciente a Julio Rigau puesto que no estaba utilizando ningún aparato en su conducta. La incautación trasunta pesquisa y se encuentra fuera de cualquier objeto procesal”.
“No resultan aplicables invocaciones genéricas a los fines de justificar la intromisión en la intimidad y privacidad de un ciudadano presumido inocente”, señalaron.
Y subrayaron que “la garantía constitucional a la privacidad de las comunicaciones telefónicas procede –en primer término- del art. 18 Constitución Nacional, que establece que es inviolable la correspondencia epistolar”.
