El Juzgado de Garantías a cargo de Guillermo Atencio hizo lugar al planteo de la defensa de Julio “Chocolate” Rigau para suspender la pericia de su celular, según lo había ordenado la fiscal Betina Lacki.
En la resolución que se conoció este miércoles, se ordenó: “Suspender la realización de análisis técnico dispuesto sobre el teléfono del imputado secuestrado hasta la resolución definitiva”.
Cabe recordar que los abogados de la defensa, Alfredo Gascón y Miguel Molina, venían cuestionando el accionar del Ministerio Público Fiscal y hasta esbozaron que su comportamiento podía generar un “escándalo jurídico”.
“La fiscalía, con una distorsionada interpretación del sentido y alcance del efecto suspensivo del art. 431 CPP, con fecha 17/10/2023 retoma la nula investigación designando numerosas medidas de prueba, entre ellas la pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular de nuestro defendido”, habían planteado.
Y argumentaron que “la pericia dispuesta, carece de puntos de pericia, tornando la misma una ‘excursión de pesca’ cuando señala la fiscal ‘a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente’”.
En ese marco, los letrados insistieron en que “no posee puntos de pericia vinculados a detectar su relación con los titulares de las tarjetas y sino que inicia una ilegal pesquisa sin fijación de objeto procesal. Contra ello, esta defensa promovió incidente de falta de acción. Ergo, frente a una actuación ilegal de la fiscalía pedimos amparo al juez de garantías y este último desconociendo la sentencia de V.E y alzándose contra la nulidad decretada, franqueo a la fiscalía la posibilidad de seguir instruyendo una causa anulada”.
También habían subrayado que “a pesar de la contundencia argumental de la sentencia de la Cámara, la Fiscalía instructora en un alzamiento contra un fallo de una Instancia superior, dispuso proseguir con la instrucción, lo que implica no solo un desconocimiento de las potestades y jurisdicciones constitucional y legalmente asignadas –rayanas con el desacato y la sedición- sino que además pretende continuar con el sometimiento a proceso a un ciudadano que fuere amparado por la Jurisdicción en su derecho a no ser interferido en su privacidad”.
