Cuatro fiscales solicitaron llevar a juicio a siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba en la “Zona Roja” de La Plata al momento del crimen de Johana Ramallo, la joven desaparecida el 26 de julio de 2017 en un contexto de trata de personas y cuyo cadáver mutilado fue hallado en agosto de 2018 en las costas de Berisso, informaron fuentes judiciales.
El pedido de elevación a juicio, solicitado al juez federal Nº 1, Alejo Ramos Padilla, fue formulado por la fiscal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1; Mariela Labozzetta, de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex); y Patricia Cisnero, fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), estimaron en El Día.
De acuerdo a lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, las fiscales pidieron que los siete acusados sean juzgados por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual y comercio de estupefacientes”.
Según consta en el expediente, los imputados formaban parte de una organización criminal que operó en la “zona roja” de La Plata entre 2016 y 2017, en perjuicio de mujeres que ejercían la prostitución callejera, entre las que se encontraba Ramallo.
En el requerimiento de elevación a juicio, las fiscales dieron por acreditado que los miembros de la asociación ilícita consiguieron la disposición de las víctimas a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad que presentaban.
En ese marco, un grupo de hombres conocidos como los “8/40”, bajo la excusa de “cuidarlas”, vigilaban y controlaban a las mujeres, a quienes captaban y recibían previamente, y luego les retenían el dinero obtenido mediante la prostitución, además de obtener un lucro con el comercio de droga.
Mientras que otro grupo, denominado “las viejas”, recorrían el territorio y les cobraban a las víctimas por las “paradas”, luego de ejercer violencia e intimidarlas.
Por último, un tercer grupo proveía a las mujeres de estupefacientes, como método de control, ya que el aprovecharse de sus adicciones y de la generación de deudas por las drogas consumidas, luego las cobraban de las ganancias obtenidas por la situación de prostitución.
A raíz de ello, era necesario para las víctimas permanecer en la “zona roja” para pagar las deudas contraídas, ya que requerían de un mayor consumo de estupefaciente para poder afrontar la actividad.
Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.
Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de su madre Marta y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.
