El Gobierno de la provincia de Buenos Aires pateará para adelante la obligación de que los micros tengan cámaras de seguridad para aprobar la VTV.
La decisión se toma en medio de la crisis del transporte público que viene generando disputas entre Nación y las cámaras empresarias por el monto de subsidios que deben abonarse para cubrir los costos de funcionamiento del servicio.
En la resolución del 2023 se indicaba que la instalación de cámaras era una condición para que los colectivos aprueben la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a partir de febrero de 2024.
Así, se había dispuesto que las concesionarias del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) deberán “emitir el resultado de la verificación técnica de las unidades afectadas al servicio público de transporte de pasajeros de carácter urbano e interurbano de media distancia” de la siguiente manera:
-Unidades vehiculares que, al momento de someterse a la verificación técnica vehicular, no acrediten la instalación de equipos de cámaras de seguridad coincidentes con las previsiones de las Resoluciones N° 1.578/18 y N° 10/19, serán rechazadas.
-Unidades vehiculares, que al momento de someterse a la verificación técnica vehicular, acrediten la instalación de equipos de cámaras de seguridad, coincidentes con la previsiones de las Resoluciones N° 1.578/18 y N° 10/19, pero que demuestren defectos o ausencia en la convergencia de sus señales de monitoreo en la plataforma específica que administra y gestiona el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, obtendrán una oblea “condicional” por el plazo improrrogable de sesenta (60) días para su corrección.
Finalmente, se extenderá esa condición obligatoria por 180 días, según comunicó la Provincia este lunes en el Boletín Oficial.
En los fundamentos, se destacó que “las medidas adoptadas fueron el resultado de un trabajo conjunto entre ésta Autoridad de Aplicación y el Ministerio de Seguridad, habiéndose relevado y constatado las dificultades de implementación de la normativa en el plazo dispuesto por la Resolución N° 35/21, como consecuencia de la convergencia de factores condicionantes, tales como la crisis del sistema de transporte generada por la Pandemia por COVID-19, la escasez de oferta en el mercado de equipos con las especificaciones técnicas exigidas por la normativa vigente, las restricciones en materia de importaciones y las dificultades de la conectividad en las diferentes zonas del territorio bonaerense, entre otras”.
Además, “las Cámaras representativas del sector de transporte de pasajeros manifestaron que se ha registrado una insuficiencia de ingresos, con motivo de la falta de actualización de los costos del sector, reconocidos en las Resoluciones N° 37/13 del entonces Ministerio del Interior y Transporte y N° 615/23 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación y a partir de las cuales se estructura’el “Sistema de Compensaciones al Transporte de Pasajeros’”.
Luego se explica que “sin perjuicio de la grave crisis económica y financiera que atraviesa el sector, advirtieron también la existencia de limitaciones en la disponibilidad de los equipos, producto de las restricciones a las importaciones y que pesé a todas las circunstancias descriptas, las empresas prestatarias han procurado la instalación de las cámaras de seguridad en la medida de sus posibilidades económicas y la disponibilidad de comercialización de los equipos en el mercado”.
