Los padres de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue violada y asesinada en Mar del Plata, confirmaron que apelarán el fallo de la Justicia que considera que el crimen no fue un femicidio.
"Lo veo tan cruel", expresó el padre de Lucía en declaraciones a los medios locales con respecto a la resolución del Tribunal de Casación Penal, el cual dictaminó que no hay una responsabilidad penal en el fallecimiento de la víctima, ni un dolo eventual como consideró el Tribunal número dos ni en un hipotético caso de homicidio culposo.
Junto a su esposa, Marta Montero, Guillermo Pérez manifestó que "seguirán adelante" mientras que esperan que el Tribunal dos establezca una nueva sentencia, ahora por el delito de abuso sexual agravado: "Ya sabemos esto que dijo Casación, así que apelaremos".
"Por ahí no entienden que vamos nueve años de lucha", agregó con respecto al desempeño de los jueces, al tiempo que consignó: "Tenemos que seguir asumiendo los errores de todos ellos".
En este sentido, el hombre consideró que esta novedad coincide con el anuncio del Gobierno de suprimir la figura del femicidio del Código Penal.
Sobre este delito, los magistrados Víctor Violini y Florencia Budiño resolvieron que "existen dudas" en cuanto al dolo homicidio de Matías Farías, mientras que "los argumentos técnico-jurídicos expresados por el Tribunal N° 2 para sustentar su decisión en la temática no gozan de amplia aceptación en la doctrina nacional y extranjera".
El deceso de la adolescente se habría dado por "una conjunción de factores condicionadamente yuxtapuestos el uno con el otro: el esfuerzo físico por la brusquedad del abuso sexual y el consumo de cocaína".
La resolución señala que "no hay pruebas que cercioren que Farías en su rol de dealer conozca o pueda prever el resultado muerte en el marco de tal consumo excesivo, mucho menos, que la relación sexual violenta potenciara esto".
Con la decisión de Casación Penal, el TOC N°2 de Mar del Plata deberá fijar una nueva sentencia para Matías Farías, con una pena que podría alcanzar los 15 años de prisión. El acusado ya contaba con una condena confirmada de 8 años, por dedicarse a la venta de drogas ilegalizadas.
