Este martes el oficialismo en la Cámara de Diputados dio dictamen para que se trate en el recinto el proyecto de ley que pretende bajar la edad de imputabilidad. La norma contó con las firmas del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.
En tanto la misma, establece una pena máxima de 15 años, la creación de institutos especializados y la prohibición de convivencia con detenidos mayores.
Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro.
El texto obtuvo 77 firmas, vale recordar que necesitaba 73 como mínimo. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se manifestaron en contra.
En ese marco, el proyecto de Régimen Penal Juvenil original que habían enviado al Congreso los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo tuvo que consensuar en 14 años para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría.
“El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”, dijo la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
Cabe mencionar que la iniciativa oficial propone la creación de institutos especiales donde esté garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
En ese sentido, tanto la Coalición Cívica como Democracia para Siempre pidieron incluir cláusulas para que ningún fiscal pueda pedir penas restrictivas de la libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con las instalaciones correspondientes para poder alojar a los menores en condiciones dignas.
Entre las penas alternativas a la prisión se establecieron la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos. También se contemplan medidas complementarias como asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral.
El nuevo régimen penal también contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de que se requiera internación, se notificará al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
Desde el Gobierno celebraron el avance de la iniciativa. “Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, dijo el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
