El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para 25 personas y 8 sociedades comerciales en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, una sustancia que ya provocó decenas de muertes en distintos puntos del país.
La resolución, firmada el 8 de julio, busca asegurar el patrimonio de los investigados ante el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la causa. También procura evitar que se consolide un eventual provecho económico derivado de las actividades presuntamente delictivas.
Según el magistrado, la documentación recolectada hasta el momento da cuenta de una “emergencia sanitaria severa” por la circulación del producto Fentanilo HLB, distribuido en casi todas las provincias, y que generó efectos adversos en numerosos pacientes, varios de los cuales fallecieron.
Kreplak sostiene que hay indicios de un entramado societario complejo que vincula a los laboratorios HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y la Droguería Alfarma, principal distribuidora del medicamento.
A su vez, el expediente revela que estas firmas podrían haber canalizado un importante flujo de bienes a través de una red de empresas interconectadas, por lo cual se dispusieron medidas urgentes para preservar activos que podrían estar ligados a la comisión de delitos.
Entre las personas alcanzadas por la resolución figuran Ariel Fernando García, titular de HLB Pharma, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda Furfaro y su abuela de 90 años, Olga Luisa Arena, quien hasta hace poco figuraba como presidenta de la empresa.
También fueron alcanzados Sebastián Daniel Nanini y Andrea Silvana Chierasco, quienes asumieron la presidencia y vicepresidencia de la firma en marzo pasado, así como otros directivos y responsables técnicos de las firmas involucradas.
La inhibición recae además sobre ocho sociedades: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA, Alfarma SRL, Regional Med SRL, Droguería Mayorista SA, Glamamed SRL, Nueva Era Rosario SRL, Surar Pharma SA y Cables Epuyen SRL. De acuerdo a la investigación, todas formarían parte de una red comercial vinculada al circuito de producción y distribución de fentanilo.
El caso generó conmoción en el sistema sanitario nacional y sigue bajo investigación judicial. Mientras tanto, el Ministerio de Salud y la ANMAT continúan relevando hospitales y clínicas donde el producto pudo haber sido utilizado. La causa penal se encuentra en una etapa clave para definir las responsabilidades penales de los involucrados.