El expediente judicial que investiga las presuntas estafas vinculadas a la venta de departamentos de la firma ABES en La Plata continúa ampliándose con el correr de los días, en paralelo al incremento de denuncias de inversores que aseguran haber sido perjudicados. La causa, que ya acumula numerosas actuaciones, se desarrolla en un escenario de acusaciones cruzadas y creciente incertidumbre.
En ese marco, los damnificados manifiestan preocupación por la falta de precisiones respecto del destino de los fondos aportados y las posibilidades concretas de recupero. La situación se agravó tras la suspensión del traspaso de la sociedad a un grupo adquirente, luego de una resolución judicial que fue revertida por el propio magistrado interviniente a los pocos días, lo que abre la puerta a nuevas impugnaciones.
El conflicto, que adquiere dimensiones inéditas en el ámbito inmobiliario local, sumó un nuevo capítulo con la presentación de la viuda del fundador de la empresa, quien denunció la existencia de una maniobra presuntamente fraudulenta en su perjuicio.
Se trata de Lucrecia Villar Loos, quien objetó la validez de un acta societaria en la que se le atribuye haber convalidado el uso de fondos provenientes de otros fideicomisos para cubrir compromisos de la constructora. Según sostuvo, dicho documento carece de autenticidad.
La denunciante afirmó no haber participado de la asamblea consignada en el acta cuestionada y desconoció expresamente la firma que allí se le adjudica. En respaldo de su postura, aportó documentación que acreditaría que en la fecha indicada se encontraba fuera del país.
De acuerdo a su declaración, había viajado a Brasil a fines de diciembre de 2024 y regresado a comienzos de enero de 2025, lo que, a su entender, imposibilita materialmente su intervención en el acto societario. Asimismo, calificó el documento como inválido y carente de sustento legal.
Otro de los puntos señalados por Villar Loos refiere a la circulación del acta en poder de terceros que, a su vez, la acusan de haber provocado un perjuicio económico. En ese sentido, cuestionó la eventual filtración de documentación interna de la sociedad.
A partir de estos elementos, solicitó medidas de prueba tendientes a esclarecer los hechos, entre ellas el secuestro del libro de actas de la empresa, la realización de pericias caligráficas y la verificación de sus movimientos migratorios. En paralelo, la actual administración de la firma se presentó como particular damnificada, al sostener que la empresa habría sido despojada de activos esenciales, lo que derivó en un cuadro de insolvencia.
