El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y volvió a cruzar a la Universidad de Buenos Aires por el reclamo de desfinanciamiento de sus hospitales.
Tras el recurso extraordinario federal concedido por la Justicia en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario, Adorni sostuvo que la norma “nació suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
“Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce siempre en más inflación o más pobreza”, dijo en conferencia de prensa.
El funcionario aseguró que el Gobierno “ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”. Señaló que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció a $4,8 billones.
Adorni comparó la gestión actual con la de Alberto Fernández y denunció que entonces las transferencias llegaban con hasta cuatro meses de atraso y con una inflación del 211,4% anual. “Hoy esos pagos se realizan en forma mensual y la inflación es del 31,5%”, afirmó.
Sobre los hospitales universitarios, sostuvo que “es falsa la denuncia de la UBA respecto al desfinanciamiento”. Explicó que “el Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal”.
Agregó que lo que reclama la UBA es “una partida adicional de $75.371 millones, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. Para Adorni, “una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”.
En la previa a la movilización del 12 de mayo, el funcionario dijo esperar que prime “el sentido común y la sensatez” y garantizó que el Gobierno considera a la educación y la salud como derechos “fundamentales, inalienables y universales”.
