El Gobierno bonaerense autorizó a las autoridades del Ente Administrador del Astillero Río Santiago a suscribir y aprobar contratos comerciales, convenios y actos jurídicos vinculados a la actividad industrial y naval del organismo. El objetivo es darle mayor agilidad operativa y administrativa.
La medida se oficializó este viernes en el Boletín Oficial. Alcanza al presidente del ente y, en caso de vacancia temporal, al vicepresidente. Si ambos están ausentes, las facultades podrán ser ejercidas por el gerente general.
La decisión llega en un contexto de disputa política por el futuro de las empresas estatales y de presión sobre la industria naval. También a nueve meses de la renuncia de Pedro Wasiejko, por lo que el organismo funciona bajo el liderazgo interino del gerente general Gonzalo Ibendahl.
Según la norma, las autorizaciones incluyen la firma de contratos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades propias de la industria naval y metalúrgica, además de acuerdos sobre maquinaria, equipos y servicios del sector.
El decreto habilita además a gestionar, regularizar o disponer de materiales y bienes abandonados, declarados como rezago o que representen riesgos ambientales o para la seguridad operativa.
También se facultó al ente a impulsar actuaciones judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior, con intervención de Fiscalía de Estado. Podrán avanzar acuerdos procesales como allanamientos, desistimientos, conciliaciones o transacciones conforme a la legislación vigente.
