La Justicia de La Plata volvió a poner bajo la lupa la responsabilidad de las entidades financieras frente al crecimiento de las estafas virtuales. En un fallo contundente, condenó al Banco Provincia por no haber impedido una maniobra de phishing que terminó con una jubilada docente perdiendo todos sus ahorros y quedando endeudada con un préstamo que jamás solicitó.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata, que declaró la nulidad de todas las operaciones realizadas por los delincuentes, ordenó que el banco devuelva el dinero descontado a la víctima y, además, le impuso una multa de $5 millones en concepto de daño punitivo por las deficiencias detectadas en sus sistemas de seguridad.
El caso ocurrió en agosto de 2020. La mujer intentó consultar sobre la renovación de un plazo fijo y, ante las dificultades para comunicarse con la entidad, recurrió a una página de Facebook que creyó oficial. Poco después recibió una llamada de una persona que se presentó como empleado del banco y que conocía numerosos datos personales, lo que terminó generándole confianza.
Durante varios contactos telefónicos y por WhatsApp, los estafadores le indicaron una serie de pasos para realizar en un cajero automático. Convencida de que estaba siendo asistida por personal del banco, la jubilada siguió todas las instrucciones, imprimió comprobantes y envió fotografías de la información obtenida.
Horas más tarde descubrió que había sido víctima de una compleja maniobra fraudulenta. Los delincuentes habían gestionado un préstamo por $264.000, un adelanto de haberes por otros $9.000 y realizaron transferencias por casi la totalidad del dinero hacia cuentas bancarias de terceros desconocidos.
Tras reclamar durante casi diez meses sin obtener respuestas favorables, la mujer decidió iniciar una demanda judicial. En su defensa, el Banco Provincia sostuvo que todas las operaciones habían sido realizadas utilizando correctamente las claves de acceso de la clienta y atribuyó el fraude a la divulgación de información personal por parte de la propia usuaria.
Sin embargo, una pericia informática resultó determinante para el desenlace del expediente. El especialista designado por la Justicia concluyó que, si bien la maniobra comenzó mediante un ataque de phishing, el sistema del banco no activó mecanismos suficientes para detectar operaciones inusuales. En menos de 24 horas se generaron nuevas claves, se otorgó un crédito, se acreditó un adelanto de haberes y se realizaron transferencias a cuentas con las que la clienta nunca había operado.
El perito remarcó que el software carecía de controles adecuados para prevenir este tipo de maniobras y que las herramientas de monitoreo resultaban insuficientes frente al aumento de los delitos informáticos registrado durante la pandemia.
Con esos elementos, la jueza entendió que el banco incumplió su obligación de brindar un servicio seguro a sus clientes. Además de declarar la nulidad del préstamo, del adelanto de haberes y de todas las transferencias cuestionadas, ordenó reintegrar las cuotas descontadas y restituir los fondos sustraídos de la cuenta de la jubilada.
El fallo también aplicó una multa de $5 millones por daño punitivo, al considerar que la entidad financiera debía responder por las falencias de sus sistemas de prevención.
“Esta es una muestra más de que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia. Los jueces deben sancionar estas conductas para que finalmente realicen esas inversiones en favor de los usuarios”, sostuvo Marcelo Szelagowski, abogado de la víctima.
