La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción judicial para intentar frenar la aplicación de un cambio previsional incorporado por la Provincia de Buenos Aires en la Ley de Presupuesto 2026, que obliga a que los aportes jubilatorios de docentes extraprogramáticos y del personal no docente de colegios privados pasen a realizarse al Instituto de Previsión Social (IPS) en lugar de la ANSES.
La entidad solicitó que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la norma y dicte una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que exista una resolución definitiva. Según explicaron, el problema no es el cumplimiento de las obligaciones previsionales, sino la incertidumbre sobre cuál es el régimen que corresponde aplicar.
Desde AIEPA sostuvieron que las instituciones educativas continúan alcanzadas por normas nacionales vigentes y remarcaron que no existe una disposición nacional que las exima expresamente de realizar los aportes al sistema administrado por la ANSES. En ese contexto, advirtieron que el cambio genera una situación de inseguridad jurídica para las escuelas.
La preocupación alcanza, según estimaciones del sector, a unos 55.000 trabajadores entre docentes de actividades extraprogramáticas, personal auxiliar y empleados no docentes de establecimientos privados de toda la provincia.
Además del aspecto legal, la entidad alertó sobre el impacto económico que podría generar la medida. Indicó que el traspaso al IPS implicaría un aumento de los costos laborales para las instituciones educativas, debido a la posible pérdida de beneficios contemplados en el régimen nacional de contribuciones patronales para colegios privados incorporados a la enseñanza oficial.
También advirtieron que los trabajadores podrían ver reducido su salario de bolsillo, ya que el porcentaje de aporte personal exigido por el sistema previsional bonaerense es superior al previsto por el régimen nacional administrado por ANSES.
Otro de los puntos cuestionados es la situación previsional de quienes desarrollaron gran parte de su carrera laboral bajo el sistema nacional. Desde AIEPA señalaron que muchos empleados podrían no reunir los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación por el IPS si durante esta etapa sus contribuciones pasan al régimen provincial.
La controversia escaló aún más luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, también presentara una acción ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la norma bonaerense y se suspenda su aplicación. Para la entidad que representa a los colegios privados, esa presentación confirma que el conflicto trasciende el ámbito provincial e involucra competencias del sistema previsional nacional.
