Hasta el 16 de junio de 2026 se otorgaron 99.673 nuevas jubilaciones en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un 45% menos que en el mismo período del año pasado, según datos del Ministerio de Capital Humano. La caída también es del 53% si se compara con el primer semestre de 2024 y refleja el impacto del fin de la última moratoria previsional, que venció en marzo de 2025 y no fue renovada por el Gobierno nacional.
Del total de nuevas prestaciones, 95.478 correspondieron a jubilaciones ordinarias por vejez y otras 4.195 a jubilaciones por invalidez. Sin embargo, más de 56.000 de esos beneficios aún fueron posibles gracias a regímenes de regularización que continúan vigentes para situaciones específicas, mientras que apenas algo más de 43.000 personas accedieron al beneficio por haber reunido los 30 años de aportes requeridos.
El cambio se produjo tras el vencimiento de la moratoria creada por la Ley 27.705, que permitía regularizar los años de aportes faltantes mediante un plan de pagos. Desde entonces, quienes no alcanzan los requisitos contributivos tienen opciones mucho más limitadas y, en muchos casos, quedan directamente sin posibilidad de acceder a una jubilación.
El contexto laboral agrava ese escenario. Según el Indec, la informalidad alcanzó el 44,5% durante el primer trimestre de 2026, uno de los niveles más altos de los últimos años, una realidad que dificulta que millones de trabajadores completen los aportes exigidos por el sistema previsional.
La tendencia ya se había empezado a reflejar durante 2025. Ese año se otorgaron 337.608 nuevas jubilaciones, por debajo de las 424.834 registradas en 2024 y muy lejos de las 484.871 de 2023, cuando la última moratoria aún estaba plenamente vigente.
Especialistas en materia previsional sostienen que la combinación entre una elevada informalidad laboral y la eliminación de los mecanismos de regularización deja a un número creciente de personas sin posibilidades concretas de jubilarse. Así, cumplir la edad requerida ya no garantiza el acceso a un haber previsional.
La fuerte baja registrada durante el primer semestre se convirtió en uno de los efectos más visibles de la política previsional del Gobierno. Mientras el Ejecutivo sostiene su estrategia de reducción del gasto público, miles de adultos mayores enfrentan mayores dificultades para ingresar al sistema, profundizando un escenario de vulnerabilidad social.
