El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió al cruce del proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, que propone cobrar la atención en los hospitales públicos a los extranjeros que no acrediten residencia permanente y arancelar las universidades provinciales para ese mismo grupo.
A través de sus redes sociales, Kreplak calificó la iniciativa como una medida “racista” y aseguró que quienes la impulsan actúan “sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas”.
“Racismo, mentiras y desconocimiento. Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a ‘extranjeros’. Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto”, escribió el funcionario.
Para respaldar su postura, Kreplak difundió un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria elaborado en 2023, en el que se analizó una propuesta similar. Según ese estudio, los extranjeros no residentes representaron apenas el 0,2% de las consultas digitales y el 0,81% de las internaciones en el sistema de salud bonaerense durante ese año.
Además, el ministro remarcó que el proyecto de Romo excluye de cualquier cobro a las urgencias médicas, por lo que sostuvo que prácticamente no existen extranjeros no residentes que utilicen el sistema para prestaciones no urgentes.
También cuestionó el arancelamiento universitario
Kreplak también puso en duda el alcance de la propuesta respecto de la educación superior. El proyecto alcanza únicamente a las universidades provinciales, ya que la Legislatura bonaerense no puede legislar sobre las universidades nacionales.
Actualmente, la provincia cuenta con solo dos universidades de gestión provincial, ubicadas en Bahía Blanca y Ezeiza, por lo que el eventual cobro a estudiantes extranjeros tendría una incidencia muy limitada.
Asimismo, el texto no precisa qué ocurriría con el programa Puentes, mediante el cual el Gobierno bonaerense lleva carreras universitarias a decenas de municipios del interior en articulación, en muchos casos, con universidades nacionales.
Otro de los cuestionamientos apunta a que las propias universidades suelen exigir DNI argentino para la inscripción, trámite que requiere acreditar residencia permanente, por lo que varios especialistas consideran que la medida propuesta resultaría, en la práctica, redundante.
