La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reforzó su estrategia judicial de cara a la etapa internacional de la causa Vialidad con la incorporación de un nuevo abogado a su equipo de defensa. Se trata del jurista brasileño Rafael Valim, reconocido por haber asesorado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Valim trabajará junto al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el objetivo de impugnar ante tribunales y organismos internacionales la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los próximos días, ambos abogados presentarán oficialmente en la Ciudad de Buenos Aires la estrategia que impulsarán en esta nueva etapa del proceso. En declaraciones a un medio brasileño, Valim sostuvo que Cristina Kirchner fue víctima de “graves violaciones de derechos humanos fundamentales”, argumento que será uno de los ejes de la presentación internacional.
Rafael Valim cuenta con más de 20 años de trayectoria académica y profesional. Es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, además de doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP).
Entre sus antecedentes figura la coautoría del libro Lawfare: una introducción, escrito junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula da Silva, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins. También participó en distintos procesos ante tribunales internacionales.
La incorporación del jurista brasileño se produce luego de que la condena por la causa Vialidad quedara firme en todas las instancias judiciales argentinas. La defensa ahora buscará trasladar el debate al plano internacional para intentar revertir el fallo.
Semanas atrás, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Kirchner y el resto de los condenados para evitar la actualización del monto del decomiso. De esta manera, quedó firme la obligación de reintegrar al Estado $685.000 millones, cifra fijada por la Justicia como parte del perjuicio económico determinado en el expediente.
La causa Vialidad concluyó con la condena de la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el fallo dispuso el decomiso de bienes, una decisión que también fue ratificada por todas las instancias judiciales nacionales.
