La investigación por la distribución de fentanilo contaminado, que ya está vinculada con 90 muertes, dio un nuevo giro. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió decretar el secreto de sumario a pedido de la fiscal María Laura Roteta, quien busca avanzar con nuevas medidas de prueba para profundizar la pesquisa.
Hasta ahora el foco estaba centrado en los laboratorios involucrados, pero la investigación comenzó a extenderse hacia el rol que habrían tenido funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
La principal hipótesis que analiza la fiscalía es que pudieron haber existido graves fallas en los controles estatales e incluso algún grado de connivencia entre los empresarios investigados y quienes tenían la responsabilidad de fiscalizar la elaboración de medicamentos.
El expediente ya tiene 13 personas procesadas y reúne elementos que apuntan a posibles incumplimientos en los mecanismos de control. En ese marco, se intenta determinar si los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, continuaron operando pese a incumplimientos en las Buenas Prácticas de Manufactura sin recibir las inspecciones o sanciones correspondientes.
La decisión de Kreplak sorprendió porque se esperaba que la fiscal María Laura Roteta emitiera su dictamen una vez finalizada la feria judicial. Sin embargo, el avance de la causa aceleró los tiempos y motivó la imposición del secreto de sumario para preservar las nuevas medidas probatorias.
Durante el período investigado, el INAME era dirigido por Gabriela Mantecón Fumado, quien fue apartada preventivamente del cargo en agosto de 2025 mediante una resolución del Ministerio de Salud. La medida se adoptó luego de que trascendieran cuestionamientos por demoras en las actuaciones frente a laboratorios con desvíos de calidad e incumplimientos en las normas de fabricación.
Ese apartamiento se produjo pocas horas después de la detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, una de las empresas señaladas como eje de la investigación.
En paralelo, la ANMAT estaba encabezada por Agustina Nélida Bisio, quien presentó su renuncia a comienzos de este año. Si bien oficialmente alegó motivos personales, desde el Gobierno atribuyeron su salida al desgaste generado por la crisis sanitaria provocada por el caso del fentanilo contaminado.
La fiscalía ya había dejado asentadas sus dudas sobre el funcionamiento de los organismos de control. En un dictamen emitido en mayo de 2025, Roteta cuestionó la información aportada por la ANMAT y advirtió sobre las responsabilidades que podrían corresponderle durante el período en que se produjo el fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes.
Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colabora en la causa, calificó como “ineficiente” la tarea de control del Estado y advirtió que las consecuencias de una eventual negligencia o posible connivencia aún no pueden dimensionarse en toda su magnitud.
Con el secreto de sumario vigente, la investigación continuará bajo estricta reserva mientras la Justicia intenta determinar si las fallas en los controles fueron consecuencia de omisiones, negligencia o de una eventual participación de funcionarios en una de las mayores tragedias sanitarias de la Argentina.
