El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aclaró que los cambios en el régimen de las licencias profesionales de conducir interjurisdiccionales responden a modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y no a decisiones adoptadas por la administración bonaerense.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Martín Marinucci recordó que la Provincia integra desde 2010 el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y que, en ese marco, únicamente cumple las funciones delegadas por el Estado nacional para la emisión de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.
Según explicaron, la reforma introducida mediante el Decreto 196/2025 eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite independiente. Desde entonces, la habilitación para realizar transporte entre distintas jurisdicciones pasó a otorgarse a través de las licencias profesionales de las clases C, D y E.
El organismo también precisó que la normativa nacional establece que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y los exámenes teóricos y prácticos solo pueden ser realizados por prestadores registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En ese sentido, remarcaron que el nuevo esquema tampoco fija una tarifa nacional de referencia para esos servicios, por lo que cada prestador define y cobra sus propios valores. Desde la Provincia sostuvieron que no intervienen en la determinación de esos costos ni en el funcionamiento de los centros habilitados.
Frente a las dificultades detectadas en la implementación del sistema, especialmente por la escasa cantidad de prestadores disponibles en distintas regiones bonaerenses, el Ministerio dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias profesionales alcanzadas por este régimen.
Finalmente, el Gobierno bonaerense ratificó su compromiso con la seguridad vial y expresó su preocupación por el nuevo esquema impulsado por la Nación. Según advirtió, la falta de una tarifa de referencia deja a los conductores profesionales sujetos a un mercado de prestadores privados con costos dispares, lo que podría afectar el acceso al trámite en distintas zonas del país.
