La Justicia de La Plata comenzó a analizar una resonante presentación judicial impulsada por Jorge López, histórico dirigente de la Cooperativa Eléctrica de Monte, quien denunció haber sido víctima de una persecución institucional y reclama una indemnización de $600 millones por los daños que, según sostiene, le provocaron falsas acusaciones en su contra.
La querella fue presentada con el patrocinio de los abogados Lautaro Slpizer, Gastón Mucci y Alejandro Naiouf y quedó radicada en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Eskenazi. La demanda alcanza a 19 personas e incluye además un reclamo de responsabilidad civil contra la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda.
Según se desprende de la presentación, el conflicto comenzó cuando López, en su rol de síndico, advirtió y denunció presuntas irregularidades administrativas y contables dentro de la entidad. A partir de ese momento, afirma que comenzó una serie de maniobras destinadas a desplazarlo del cargo, desacreditar su imagen pública y quitarle las funciones de control que ejercía.
En ese contexto, sostiene que se promovieron dos denuncias penales en su contra: una por amenazas y otra por acceso ilegal a datos personales. Sin embargo, ambas investigaciones fueron archivadas por la Justicia al no encontrarse pruebas suficientes para sostener la existencia de delitos.
La querella también señala que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) emitió distintas resoluciones administrativas en las que concluyó que el desplazamiento de López y la ocupación de su cargo carecían de sustento legal. Esas decisiones permitieron su restitución como síndico de la cooperativa.
El dirigente asegura que durante ese período fue blanco de una campaña de desprestigio que afectó gravemente su honor, su trayectoria profesional y su salud. Según denuncia, fue señalado públicamente en reuniones institucionales y en publicaciones vinculadas a la cooperativa, donde se lo acusó de haber cometido distintos delitos.
Además del impacto personal, López sostiene que el conflicto también perjudicó su desempeño institucional, ya que durante ese tiempo no pudo ejercer con normalidad las tareas de control que le correspondían dentro de la entidad.
Por esos hechos, se constituyó como actor civil y reclama una indemnización de $600.000.000 por daño moral, daño psicológico, afectación a su honor, perjuicio profesional e institucional, además de otros daños que, según sostiene, fueron consecuencia de las acusaciones y de su difusión pública.
La presentación judicial tiene 57 páginas e incorpora como prueba resoluciones del INAES, actuaciones administrativas, copias de las causas penales archivadas, cartas documento, informes médicos y psiquiátricos, publicaciones periodísticas, actas del Consejo de Administración y otra documentación.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar la denuncia y determinar si corresponde avanzar con la investigación por los presuntos delitos de calumnias e injurias, además de resolver el millonario reclamo indemnizatorio presentado por el histórico dirigente de la Cooperativa Eléctrica de Monte.
FUENTE: La Buena Info