La pulseada por el futuro de las empresas públicas bonaerenses sumó un nuevo capítulo en la Legislatura. Diputados del PRO y de La Libertad Avanza buscan impedir que avance un proyecto de La Cámpora que pretende endurecer los requisitos para cualquier privatización o reducción de la participación del Estado provincial.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Maite Alvado y ya consiguió dictamen favorable en la comisión de Servicios Públicos, presidida por el diputado de Unión por la Patria Ariel Archanco. El proyecto también cuenta con el respaldo del radicalismo, por lo que ahora quedó planteado un nuevo escenario de tensión entre oficialismo y oposición.
Desde el PRO y LLA, las diputadas Paula Bustos, Oriana Colugnatti y Rita Salaberry cuestionaron el texto y lo calificaron como un “obstáculo para avanzar en políticas de racionalización del sector público”. En ese sentido, presentaron un dictamen de rechazo para intentar frenar su avance legislativo.
La oposición argumentó que la propuesta no debería ser aprobada por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”, al considerar que introduce una mayor intervención estatal sobre decisiones vinculadas con empresas. Según plantearon, el proyecto terminaría afectando la actividad privada en lugar de favorecer una administración pública más eficiente.
El punto central de la iniciativa es establecer una mayoría especial de dos tercios de los integrantes de la Legislatura para cualquier modificación que implique reducir la participación o propiedad de la Provincia en una empresa. Actualmente, ese tipo de decisiones requiere una mayoría simple, salvo que exista una regulación específica.
“El proyecto introduce un obstáculo adicional para avanzar en políticas de racionalización del sector público, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo estatal”, señalaron las legisladoras opositoras en el dictamen con el que intentan bloquear la iniciativa.
El texto establece que “la participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros”. De aprobarse, la modificación elevaría considerablemente la cantidad de votos necesarios para avanzar con eventuales privatizaciones.
El antecedente normativo vigente es la Ley 12.989, que regula específicamente a Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Esa legislación establece que la transferencia al sector privado de cualquier porcentaje accionario debe contar previamente con autorización de la Legislatura, pero bajo el esquema de mayoría simple. El debate ahora pasa por si esa lógica debe mantenerse o si la Provincia debe elevar la barrera legislativa para desprenderse de empresas públicas.