Los intendentes bonaerenses enfrentan un problema que puede convertirse en uno de los principales focos de conflicto de los próximos meses. Mientras los recursos disponibles se achican, los salarios de numerosos trabajadores municipales permanecen en niveles muy bajos y los gremios comienzan a elevar la presión para conseguir una recomposición.
Los números permiten dimensionar el problema. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los giros por coparticipación a los 135 municipios alcanzaron aproximadamente $1,32 billones y sufrieron una caída del 9,5% en términos reales frente al mismo período de 2025, cuando habían representado $1,46 billones medidos a valores de abril de este año.
La coparticipación es particularmente importante porque representó alrededor del 75% de todas las transferencias que recibieron los municipios durante ese período. Otros fondos tuvieron un comportamiento diferente y permitieron amortiguar parcialmente el golpe: crecieron los recursos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo, la Descentralización Tributaria y otros programas específicos.
El deterioro no comenzó ahora. Un informe sobre las transferencias a los municipios determinó que durante 2025 los envíos automáticos habían retrocedido 1,6% real respecto de 2024 y que, solamente durante el primer trimestre de 2026, la contracción había llegado al 3,8%. Entre 2023 y 2025, de acuerdo con ese análisis, los municipios acumularon una pérdida real del 3,7% en estas transferencias.
Allí aparece la criptonita de muchos intendentes. Una administración puede ralentizar una obra, postergar una compra o revisar programas cuando necesita reducir gastos, pero tiene muchísimo menos margen cuando el problema llega a los salarios de los empleados que todos los días sostienen la estructura municipal y servicios esenciales.
Y las diferencias entre los 135 distritos son enormes. Cada municipio negocia sus propias condiciones y las escalas disponibles permiten encontrar realidades muy distintas. Documentación oficial publicada en el Sistema de Boletines Oficiales Municipales bonaerense muestra, por ejemplo, categorías cuyo básico en febrero de 2026 era de apenas $281.424, mientras otras posiciones del mismo escalafón superaban ampliamente esos valores. La distancia se multiplica al comparar municipios diferentes.
El propio secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Hernán Doval, puso el problema sobre la mesa al asegurar que existen distritos donde los trabajadores cobran considerablemente mejor y otros con básicos extremadamente bajos. El dirigente mencionó específicamente el caso de Merlo, donde sostuvo que existen salarios básicos de $150.000.
La respuesta sindical ya comenzó. Fesimubo lanzó un plan de lucha por tiempo indeterminado que irá recorriendo distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y anticipó que no se limitará a los tradicionales paros y movilizaciones. La federación prepara diferentes metodologías de protesta, actividades durante el verano y hasta medidas sorpresivas.
Pero el conflicto tiene una particularidad política: la presión no recae solamente sobre los intendentes. La federación también apunta al gobierno de Axel Kicillof y exige al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que convoque al Consejo del Empleo Municipal contemplado en la Ley 14.656. La normativa establece un ámbito con representación de los municipios y las organizaciones sindicales para abordar la situación laboral del sector. El Ministerio de Trabajo es la autoridad encargada de impulsar su funcionamiento.
Según Doval, pese a que la herramienta existe desde hace una década, nunca fue convocada. El dirigente asegura haber mantenido conversaciones con Correa, aunque sostiene que la puesta en funcionamiento sigue postergándose. La propia normativa provincial registra además una instrucción al Ministerio de Trabajo para conformar ese consejo.
El conflicto dejó de ser solamente potencial en algunos puntos de la Provincia. San Pedro atravesó semanas atrás serias dificultades para pagar el medio aguinaldo de alrededor de 1.200 empleados municipales. La situación derivó en medidas de fuerza y llevó al intendente Cecilio Salazar a solicitar asistencia financiera al gobierno bonaerense. Finalmente, el pago pudo completarse tras recibir ayuda provincial.
Azul también atravesó dificultades y terminó pagando el aguinaldo en dos cuotas. No casualmente, ese distrito estuvo entre los que sufrieron retrocesos en los recursos recibidos: durante los primeros meses del año registró una baja cercana al 4% en las transferencias, en un escenario donde otras comunas también experimentaron caídas.
El problema conforma así una encerrona difícil de resolver. Los trabajadores reclaman recuperar ingresos que en algunos casos parten de básicos extraordinariamente bajos, mientras los intendentes necesitan encontrar recursos para financiar aumentos permanentes en un contexto fiscal mucho más estrecho.
Una recomposición significativa tiene impacto todos los meses sobre una de las principales partidas del gasto municipal. Pero no concederla también tiene un costo: aumenta la conflictividad sindical, puede afectar servicios públicos y expone políticamente a las administraciones locales frente a trabajadores cuyo poder adquisitivo viene deteriorado.
Por eso, detrás del plan de lucha de Fesimubo aparece una discusión bastante más profunda que una negociación salarial puntual. Si la caída de recursos persiste y los gremios consiguen instalar una discusión provincial sobre los pisos salariales, muchos intendentes podrían quedar atrapados entre dos presiones difíciles de conciliar: una caja con menos margen y empleados municipales que ya no están dispuestos a esperar.
