La Municipalidad de San Isidro pidió este martes la declaración indagatoria del exintendente Gustavo Posse en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar. Las obras comenzaron en 2006, principalmente con fondos enviados por el Estado Nacional, y tuvieron su recepción definitiva recién en 2016.
La presentación fue realizada por los abogados Nicolás Ramírez, Juan Oribe y Julieta Melconian, representantes de la comuna, que interviene como querellante a partir de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa decisión fue recurrida y deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. La investigación había sido impulsada por el fallecido fiscal federal Jorge Di Lello, quien ya en 2017 había solicitado la indagatoria de Posse y otros involucrados. Actualmente interviene como fiscal subrogante Ramiro González.
El planteo de la Municipalidad apunta especialmente al rol que habría tenido Posse en el Proyecto N° 48 “San Isidro I - Barrio Martín y Omar”. El dirigente gobernó el distrito durante seis mandatos consecutivos, entre 1999 y 2023, por lo que toda la ejecución investigada se produjo durante su administración.
Entre los elementos mencionados figura el Decreto 2550/06, firmado por Posse y el entonces secretario general de Gobierno y Administración, Héctor Aníbal Prassel. La presentación sostiene que la participación del exintendente no se habría limitado a la firma de documentación administrativa, sino que habría tenido intervención en decisiones centrales vinculadas con el proyecto, las certificaciones y el manejo de los fondos.
Según el escrito, durante ese período fueron aprobados 101 certificados de obra y se recibieron más de $36 millones provenientes del Estado Nacional. Sin embargo, las pericias realizadas posteriormente detectaron diferencias entre el avance informado en la documentación y las viviendas que efectivamente pudieron verificarse.
Uno de los datos centrales del expediente surge de una inspección realizada en 2016, que constató la existencia de 44 viviendas. Más tarde, una pericia de ingeniería civil incorporada en 2022 determinó que podían considerarse técnicamente válidas 41 unidades, equivalentes al 16,4% de las 250 originalmente previstas. A su vez, una pericia contable calculó pagos netos por más de $37,6 millones derivados de los certificados de obra.
La causa comenzó en agosto de 2014 por una denuncia de la entonces concejal Marcela Durrieu. En 2017, el juzgado había considerado prematuro citar a Posse y ordenó avanzar primero con las pericias contables y de ingeniería. Esos estudios finalmente fueron incorporados en 2022 y sus autores ratificaron y ampliaron las conclusiones ante la Justicia en octubre de 2025.
Además de Posse, la Municipalidad pidió la indagatoria de exfuncionarios municipales, una supervisora del Instituto de la Vivienda bonaerense y representantes de las empresas que participaron de las obras. En julio ya habían sido indagados el exsubsecretario de Obras Públicas Fernando Adrián Romero, el inspector Germán Víctor Ballester y el exsecretario de Obras Públicas Bernardo Landívar.
Los representantes de la comuna sostienen que los elementos reunidos permiten advertir indicios de una posible defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos. El pedido de indagatoria no supone un procesamiento ni determina responsabilidades penales: ahora será el juez Ramos quien deberá resolver si existen elementos suficientes para convocar a Posse y al resto de las personas señaladas.