El gobierno de Axel Kicillof avanzó con nuevos controles sobre las billeteras virtuales y abrió una investigación para determinar cómo calculan las tasas de interés que cobran por sus préstamos y qué conceptos integran el Costo Financiero Total (CFT), es decir, el monto que finalmente termina pagando cada usuario por el dinero solicitado.
La medida fue anunciada por el Gobernador junto al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. En ese marco, la Provincia también advirtió que podrá aplicar multas de hasta $1.883 millones cuando detecte cláusulas comerciales abusivas o incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor.
El margen de intervención provincial sobre las tasas es limitado, debido a que su regulación corresponde al ámbito nacional. Por eso, la estrategia bonaerense apunta principalmente a controlar las condiciones bajo las cuales se ofrecen y comercializan estos servicios financieros y a exigir que los consumidores tengan información clara antes de tomar una deuda.
Uno de los puntos centrales será el Costo Financiero Total. Costa sostuvo que actualmente resulta “muy difícil de determinar” y señaló que en algunos casos puede terminar duplicando o triplicando lo que un usuario esperaba pagar al observar solamente la tasa promocionada. “El CFT tiene que estar informado de modo bien visible y eso es algo que muchas veces no ocurre”, afirmó.
La investigación también buscará determinar por qué las tasas pueden variar considerablemente entre distintos usuarios. Kicillof sostuvo que las fintech pueden cobrar precios diferentes por un mismo producto según “la capacidad de pago, las conductas de consumo” y otra información que poseen sobre sus clientes. Según cuestionó, muchas personas desconocen qué datos son utilizados para establecer las condiciones del crédito que reciben.
Costa mencionó además prácticas detectadas por la Provincia en Mercado Libre y Mercado Pago. Entre ellas, señaló la posibilidad de establecer cargos sin especificarlos previamente, considerar aceptados nuevos términos y condiciones por el solo hecho de continuar utilizando la plataforma, trasladar responsabilidades al usuario frente a determinados problemas de seguridad y retener fondos para cobrar obligaciones originadas en otros contratos.
El anuncio se produjo en medio de la preocupación del gobierno bonaerense por el crecimiento del endeudamiento y la mora. Según los números presentados por Kicillof, alrededor del 60% de la población adulta del país mantiene algún tipo de deuda y unos seis millones de personas se encuentran en situación de mora.
El Gobernador aseguró que la morosidad entre deudores bancarios pasó del 2,5% al 12,8%, mientras que en las billeteras virtuales habría crecido del 5,7% al 24,5% y entre usuarios de financieras no bancarias, del 17,5% al 43%. Para Kicillof, el fenómeno está directamente relacionado con la situación económica y cuestionó la política del gobierno de Javier Milei.
“Esta situación de incumplimiento no es un problema entre privados”, sostuvo el mandatario bonaerense. En ese sentido, planteó que muchas familias recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos, como alimentos o medicamentos, y defendió una mayor presencia estatal frente al endeudamiento. “Es necesario un Estado que regule y esté presente”, concluyó.