Luego de la cadena nacional de Javier Milei por la cuestión Malvinas, Carlos Bianco salió con dureza a cuestionar al Presidente y puso el foco en el tiempo que, según planteó, demoró el Gobierno nacional en actuar frente al avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur.
“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, lanzó el ministro de Gobierno bonaerense a través de su cuenta de X. El mensaje tuvo además el respaldo político de Axel Kicillof, quien lo reposteó desde su perfil.
Bianco hizo referencia al período transcurrido desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. “Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día”, afirmó.
Según detalló, durante estos meses el proyecto avanzó con una inversión prevista de US$1.800 millones, cerró su financiamiento, inició obras en las Islas y avanzó con la preparación del buque que permitiría producir unos 50.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliar esa capacidad. El comienzo de la producción está previsto para 2028.
El funcionario bonaerense también recordó la existencia de la Ley 26.659, que prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. En ese marco, señaló que en 2022 el Estado argentino aplicó esa normativa contra Navitas y la inhabilitó por 20 años.
“Si recién hoy, casi 9 meses después, Milei anuncia una medida administrativa, habrá que preguntarse por qué dejó pasar tanto tiempo mientras avanzaba un proyecto destinado a saquear nuestros recursos”, cuestionó Bianco. También vinculó sus críticas con la admiración expresada por Milei hacia Margaret Thatcher y sus relaciones con dirigentes y gobiernos extranjeros.
Finalmente, el ministro sostuvo que la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur requiere “responsabilidad e inteligencia estratégica” y anticipó que trabajan con la mirada puesta en diciembre de 2027 para impulsar una política que busque aumentar la presión “bilateral, regional y global” sobre el Reino Unido por la disputa de soberanía.