El gobierno de Axel Kicillof avanzará la próxima semana con sanciones administrativas e imputaciones contra Mercado Pago y otras cinco billeteras virtuales por presuntas prácticas abusivas vinculadas con el otorgamiento y cobro de créditos.
La investigación está a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que conduce Augusto Costa, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios. Según informó iProfesional, las actuaciones alcanzan a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Cencosud, Personal Pay y Brubank.
El expediente tomó impulso ante el crecimiento del endeudamiento de las familias y las denuncias realizadas por usuarios. Hasta junio de 2026, Defensa del Consumidor provincial había recibido alrededor de 2.200 reclamos electrónicos contra estas compañías. Las multas podrían alcanzar hasta los $1.883 millones por empresa.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el costo real de los préstamos. La Provincia intimó a las firmas para que expliquen cómo determinan la Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA) y, especialmente, el Costo Financiero Total (CFT). En determinados casos, con cargos y penalidades por atraso incluidos, los costos superarían ampliamente el 1.000% anual.
Además, el gobierno bonaerense busca conocer los algoritmos y parámetros utilizados para establecer tasas diferentes según cada usuario. También exigió información sobre intereses punitorios, capitalización de intereses vencidos, comisiones, gastos administrativos y los plazos desde los cuales comienzan a aplicarse penalidades.
Pero la investigación no se limita a las tasas. Entre las presuntas infracciones aparecen la falta de información clara antes de aceptar un crédito, préstamos presentados como simples facilidades de pago y dificultades para encontrar el botón de arrepentimiento o cancelar una contratación dentro del plazo legal.
Otro capítulo sensible está relacionado con los métodos de cobranza. La Provincia analiza denuncias por llamados reiterados en horarios inhábiles y contactos con familiares, allegados, referencias personales e incluso lugares de trabajo de personas endeudadas. También se investiga el accionar de estudios jurídicos contratados para recuperar las deudas.
Las actuaciones se encuadran en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y a la normativa provincial. Según los plazos anticipados por fuentes oficiales, el lunes 8 de septiembre habría novedades sobre los pedidos de información y hacia el final de la próxima semana se conocerían las decisiones sobre las imputaciones y eventuales multas.