El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a implementar un aporte del 2% sobre los premios obtenidos en apuestas sucesivas de los denominados juegos de resolución inmediata, conocidos habitualmente como slots, disponibles en las plataformas de juego online autorizadas.
La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó que el cobro alcanzará a los premios abonados por las siete concesionarias habilitadas para operar apuestas online en el territorio provincial.
Según las estimaciones oficiales, la implementación del aporte podría representar ingresos adicionales de entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales. El dinero será incorporado al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).
Los recursos de ese fondo se destinan a programas vinculados con salud, educación y desarrollo social. Además, una parte permitirá reforzar las políticas que lleva adelante la Provincia para prevenir y combatir la ludopatía, con especial atención al crecimiento de las apuestas online entre adolescentes.
Desde el Ejecutivo bonaerense explicaron que el mecanismo no implica la creación de una nueva herramienta legal, ya que se encontraba contemplado en la Ley 15.079, sancionada en 2018. La novedad es que comenzará a aplicarse específicamente sobre los premios correspondientes a los juegos de resolución inmediata.
“Según nuestras estimaciones ingresarían entre 35.000 millones y 40.000 millones de pesos adicionales por mes”, afirmó Bianco, quien sostuvo que esos recursos permitirán continuar y profundizar las campañas contra el juego online problemático.
El funcionario recordó además que la Provincia implementó mecanismos de identificación biométrica para acceder al juego online y aseguró que ya realizó más de 800 denuncias contra plataformas ilegales.
En paralelo, indicó que junto con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) fueron reportados más de 100 influencers que promocionaban sitios de apuestas ilegales, como parte de la estrategia para limitar su difusión y combatir el acceso de menores.
