El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo régimen para regular el uso y la tenencia de los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses y en la Isla Martín García, con un esquema que también contempla la participación de los municipios.
A través de un decreto, la Provincia reglamentó el artículo 37 bis del Decreto-Ley 9.533/80 y estableció la figura del Permiso de Uso y Tenencia Precaria, que podrá concederse de manera gratuita u onerosa. El objetivo es ordenar las diferentes situaciones de ocupación y establecer criterios comunes para administrar estos territorios.
El régimen comprende las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense y Martín García. La normativa aclara que los inmuebles alcanzados continúan formando parte del dominio público provincial y que el otorgamiento de los permisos no supone una transferencia de la titularidad estatal.
Uno de los principales cambios será la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y tendrá como tarea centralizar la información relacionada con el uso y la tenencia de estos inmuebles. Para ello, trabajará en coordinación con el Registro de Bienes Inmuebles de Dominio Público del Ministerio de Economía.
Además, la Provincia derogó el Decreto 942/20, que había creado el Registro de Bienes de Dominio Público del Delta. La intención es concentrar la información existente bajo el nuevo esquema y simplificar los procedimientos vinculados con la gestión de las tierras.
Los municipios también tendrán un papel dentro del régimen y podrán recibir permisos de uso y tenencia precaria sobre inmuebles isleños. Excepcionalmente, cuando las características del territorio lo justifiquen, podrán permitir que terceros utilicen esos espacios, aunque necesitarán previamente la autorización de la autoridad provincial competente.
Según los fundamentos de la medida, la intervención de los gobiernos locales permitirá aprovechar su cercanía con el territorio para realizar relevamientos, avanzar en la regularización de situaciones existentes y desarrollar estrategias de gestión. Los permisos otorgados anteriormente y las solicitudes que estén en trámite deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.
Finalmente, la autoridad de aplicación provincial también deberá intervenir en los procedimientos relacionados con la aprobación de planos de mensura y subdivisión de inmuebles ubicados en las islas, incorporando así otra instancia de control sobre estos territorios.
