El Gobierno nacional consiguió este jueves dictamen favorable para el proyecto de ley que busca revertir la ampliación de la denominada “zona fría”, una modificación que en la práctica podría encarecer el servicio de gas natural en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, además de localidades de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.
El dictamen fue aprobado durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Energía y Minería del Senado, donde también expusieron especialistas en la materia. El avance deja abierta la puerta para que la iniciativa sea tratada en el recinto y pueda convertirse en ley, ya que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro, la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, defendió la reducción del alcance del régimen. “No puede haber subsidios generalizados. La ley actual se subsidia con un cargo a todos los usuarios del país”, sostuvo, en referencia al fideicomiso que financia el beneficio mediante un cargo adicional incluido en las facturas.
La iniciativa impulsada por el Gobierno apunta a dar marcha atrás con la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió el régimen utilizando criterios bioambientales y extendió los descuentos a regiones que hasta ese momento no estaban alcanzadas.
En la provincia de Buenos Aires, aquella modificación tuvo un impacto significativo. Antes de la ampliación, el régimen comprendía únicamente al partido de Carmen de Patagones, mientras que posteriormente se incorporaron 90 ciudades, entre ellas grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, además de localidades intermedias como Azul y Necochea.
La discusión enfrenta dos posiciones. Quienes cuestionan la ampliación consideran que el beneficio no se encuentra justificado por la realidad geográfica de todas las ciudades incorporadas. En cambio, sus defensores argumentan que esas regiones registran temperaturas más bajas y que el consumo promedio de gas llega a duplicar al del resto.
En caso de que el Senado apruebe el proyecto, continuará existiendo un régimen de subsidios, aunque con un alcance considerablemente menor al actual. Esto implicaría un aumento en el costo del servicio para los usuarios que dejen de estar comprendidos por la “zona fría”, aunque el Gobierno admite ese impacto pero hasta el momento no precisó cuál sería la magnitud del incremento.