La Justicia federal volvió a poner contra las cuerdas al Gobierno de Javier Milei por el conflicto con las universidades públicas. Este miércoles, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución se conoció en medio del reclamo que desde hace meses sostiene el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exige la actualización de los salarios docentes y no docentes, además de mayores recursos para las becas estudiantiles y el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Según estableció el magistrado, el Poder Ejecutivo no cumplió con las obligaciones fijadas judicialmente, pese a las intimaciones realizadas durante septiembre. Por ese motivo, decidió avanzar con una sanción económica que recaerá sobre el titular de la Jefatura de Gabinete, debido a sus responsabilidades en la administración del presupuesto nacional.
En el fallo, Cormick sostuvo que corresponde aplicar multas diarias de $100.000 en una primera etapa, aunque advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si persiste el incumplimiento de la medida judicial.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el pasado 22 de septiembre, cuando el juez intimó al Gobierno nacional a cumplir con lo dispuesto en un plazo de cinco días. Sin embargo, ante la falta de acreditación de los pagos correspondientes, el magistrado hizo efectivo el apercibimiento anunciado el 30 de septiembre.
La administración de Milei había apelado el fallo que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual se buscó dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el juez remarcó que la medida cautelar continúa vigente y debe cumplirse independientemente de los recursos presentados por el Ejecutivo.
La decisión judicial representa un nuevo revés para el Gobierno nacional en su enfrentamiento con el sistema universitario, que viene denunciando las consecuencias del ajuste presupuestario sobre los salarios, las becas y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
De esta manera, mientras continúa la disputa judicial por los fondos destinados a las universidades públicas, el Gobierno deberá afrontar una multa diaria que podría incrementarse si no acredita el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Justicia.