Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de La Plata busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento del Ejecutivo municipal, con medidas que van desde la implementación de un régimen de Ficha Limpia hasta la publicación de los sueldos de funcionarios y el control de los recursos destinados a publicidad oficial. La iniciativa apunta a limitar la discrecionalidad en las designaciones políticas y garantizar un mayor acceso de los vecinos a la información pública.
La propuesta lleva las firmas de los concejales de La Libertad Avanza, Gastón Manuel Álvarez, Sabrina Morales, Juan Pablo Allan, Soledad Pedernera, Guillermo Bardón y María Florencia Defeo. El texto plantea que no podrán ser designadas en cargos políticos no electivos aquellas personas que tengan condenas penales firmes por delitos dolosos contra la administración pública, contra la integridad sexual, cometidos en contextos de violencia de género o contra el orden constitucional y la vida democrática.
La restricción alcanzaría a secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, coordinadores, asesores políticos y autoridades de organismos descentralizados, entes y sociedades municipales. Además, antes de concretar cualquier nombramiento, el Ejecutivo debería exigir un certificado actualizado de antecedentes penales y una declaración jurada que acredite la inexistencia de incompatibilidades o inhabilitaciones.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Portal de Transparencia Municipal, de acceso público y gratuito, donde la Municipalidad tendría que publicar información actualizada mensualmente sobre el presupuesto, su ejecución, la nómina de empleados, las modalidades de contratación y las remuneraciones brutas de los funcionarios políticos. También deberían difundirse las escalas salariales, licitaciones, adjudicaciones, proveedores y declaraciones juradas patrimoniales.
La publicidad oficial, bajo la lupa
Uno de los capítulos con mayor impacto político es el referido a la publicidad oficial. La iniciativa establece que la contratación y distribución de la pauta municipal deberá responder a criterios objetivos, razonables, verificables y transparentes. Además, propone prohibir expresamente que los recursos públicos destinados a comunicación institucional sean utilizados para promocionar personalmente a funcionarios, autoridades políticas o agrupaciones partidarias.
En ese sentido, el proyecto obligaría al Departamento Ejecutivo a publicar cada tres meses un informe detallado sobre los gastos en publicidad oficial, identificando los medios y proveedores contratados, las campañas realizadas, los montos asignados y efectivamente pagados, y los criterios utilizados para distribuir esos recursos. De aprobarse, la medida permitiría conocer cómo se reparte el dinero municipal destinado a comunicación y bajo qué parámetros se selecciona a sus destinatarios.
La propuesta también incorpora mecanismos para prevenir conflictos de intereses. Los funcionarios políticos comprendidos por la ordenanza deberían presentar declaraciones juradas y abstenerse de intervenir en decisiones administrativas que involucren intereses económicos propios, de sus parejas o de familiares hasta el segundo grado. Asimismo, el Ejecutivo tendría que remitir informes semestrales al Concejo Deliberante sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
En los fundamentos, los autores advierten que “la publicidad oficial no puede convertirse en una herramienta de propaganda política financiada con el esfuerzo de los contribuyentes, ni en un mecanismo discrecional de distribución de recursos públicos”. La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente y, en caso de aprobarse, el Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla. El debate promete poner sobre la mesa no solo las condiciones para acceder a cargos políticos, sino también el manejo de los recursos municipales y los mecanismos de control sobre la gestión.
