Un jubilado de 72 años que fue víctima de una estafa bancaria a través de WhatsApp recibirá una indemnización de $10.156.000, luego de que la Justicia de La Plata responsabilizara al Banco Provincia por las deficiencias en sus sistemas de seguridad digital. El hombre había perdido $400.000 tras caer en una maniobra de delincuentes que utilizaron la identidad de la entidad financiera.
El fallo fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de La Plata, que consideró que la transferencia realizada el 30 de noviembre de 2022 no había sido autorizada por el titular de la cuenta, pese a que los estafadores consiguieron obtener códigos de seguridad auténticos.
Según relata el portal La Buena Info, todo comenzó cuando el jubilado, que trabajaba como tesorero de una institución educativa de Florencio Varela, intentaba realizar una transferencia a un proveedor. En ese momento recibió un mensaje de WhatsApp con el logotipo del Banco Provincia, en el que le advertían que su cuenta había sido bloqueada por supuestos movimientos sospechosos.
Convencido de que estaba hablando con personal de la entidad, siguió las instrucciones y proporcionó varios códigos BIP Token para resolver el supuesto inconveniente. Sin embargo, minutos después descubrió que habían transferido $400.000 de su cuenta personal a un destinatario desconocido, sin su autorización.
El hombre realizó el reclamo ante el banco ese mismo día y posteriormente presentó una denuncia penal. Durante el juicio, la magistrada valoró las conversaciones de WhatsApp, la documentación bancaria y el desconocimiento inmediato de la operación para determinar que había sido víctima de una maniobra de ingeniería social.
La sentencia estableció que entregar códigos de seguridad bajo engaño no implica consentir una transferencia bancaria. Además, sostuvo que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de identificar movimientos inusuales y prevenir operaciones fraudulentas.
En consecuencia, la Justicia ordenó al Banco Provincia pagar $400.000 por el dinero sustraído, $3 millones por daño moral, $4 millones por incapacidad psicológica, $756.000 para un tratamiento terapéutico y otros $2 millones en concepto de multa civil, hasta alcanzar una indemnización total de $10.156.000.
El abogado Marcelo Szelagowski, representante del jubilado, destacó la importancia de la resolución y cuestionó las inversiones de las entidades financieras en materia de ciberseguridad. “Este fallo resulta ejemplificador ya que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia”, sostuvo el letrado.
