El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el juez Lino Mirabelli, quien lo investiga en una causa por presunto lavado de activos. Durante la audiencia, el economista decidió no responder preguntas y presentó un escrito junto con documentación para sostener su postura.
Al retirarse del edificio judicial, Espert evitó brindar precisiones sobre el expediente y se limitó a señalar: “No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez”.
Poco después, su defensa difundió un comunicado en el que explicó que la decisión de no prestar declaración oral obedeció al ejercicio de un derecho constitucional. Según indicaron sus abogados, la estrategia busca “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”. Además, remarcaron: “No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”.
Como parte de la presentación, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. De acuerdo con el escrito, esos mensajes acreditan la negociación, firma y ejecución de un contrato de servicios profesionales que dio origen al pago que hoy investiga la Justicia, y sostienen que se trata de documentación original, verificable e inalterable.
Los abogados también solicitaron que el juez Lino Mirabelli retome personalmente la conducción de la investigación, que hasta el momento permanecía delegada en la Fiscalía Federal encabezada por Fernando Domínguez.
La causa tiene como eje una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, que, según la investigación, no habría sido declarada ante la autoridad fiscal argentina. El dinero provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa vinculada al empresario aeronáutico Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en Estados Unidos.
Espert sostuvo públicamente que esos fondos correspondían al cobro de un trabajo de asesoramiento para la firma Minas del Pueblo S.A., de Guatemala. Sin embargo, la Justicia busca determinar el destino final del dinero ante la sospecha de que pudo haber sido utilizado para adquirir vehículos de alta gama y financiar un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.
En paralelo, el exlegislador continúa con sus bienes inhibidos por orden judicial, una medida que fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín y que también alcanza a integrantes de su entorno familiar y a empresas vinculadas.
