El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y avanzó con una nueva desregulación del mercado automotor que impactará tanto en la importación de vehículos cero kilómetro como en la comercialización de autopartes y repuestos en todo el país.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 796/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Entre los principales cambios, Argentina comenzará a reconocer de manera directa determinadas certificaciones de seguridad emitidas bajo el sistema vigente en Estados Unidos.
En concreto, se incorporará el mecanismo de autocertificación estadounidense y se aceptarán las homologaciones respaldadas por la denominada “Blue Ribbon Letter”, documentación vinculada a la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). De esta manera, los fabricantes acreditarán el cumplimiento de las normas federales norteamericanas de seguridad vehicular.
La documentación será considerada suficiente para demostrar el cumplimiento de las exigencias de seguridad locales, sin necesidad de realizar ensayos adicionales a los exigidos en Estados Unidos. La correspondencia entre la certificación y cada vehículo importado será controlada individualmente mediante el Número de Identificación Vehicular (VIN).
De todos modos, los vehículos de producción seriada y los 0 km deberán contar con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) antes de ser habilitados para circular. Los trámites comenzarán mediante una declaración jurada presentada por la terminal automotriz o el importador.
Uno de los cambios de mayor impacto alcanza directamente al mercado de repuestos. El decreto establece que los componentes, autopartes y piezas destinadas a vehículos fabricados o importados en Argentina tendrán libre comercialización, producción e importación, eliminándose la necesidad de obtener autorizaciones previas para su ingreso o venta.
Esto no implica que desaparezcan las exigencias técnicas: fabricantes e importadores serán responsables de garantizar que las piezas cumplan con las especificaciones obligatorias. El nuevo esquema apunta a reemplazar controles administrativos previos por una mayor responsabilidad de quienes colocan los productos en el mercado.
Además, las empresas que utilicen certificaciones estadounidenses deberán comunicar inmediatamente cualquier investigación, sanción, defecto de fabricación o campaña de retiro dispuesta por las autoridades de Estados Unidos. Si existe un recall, las medidas correctivas correspondientes deberán aplicarse también en Argentina.
El decreto contempla la posibilidad de suspender o revocar la homologación ante incumplimientos y considera falta grave el ocultamiento, la omisión o falsedad de información presentada mediante declaraciones juradas. En esos casos podrán aplicarse sanciones contempladas por las normas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, además de eventuales responsabilidades civiles o penales.
