El exdiputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue procesado este jueves por el presunto delito de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado. La Justicia federal dispuso además un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohibió salir del país.
La resolución fue dictada por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de una investigación que tiene como eje una transferencia de 200 mil dólares realizada en 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado como parte de un supuesto contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala.
Según la investigación, los fondos fueron girados por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías vinculadas a la estructura empresarial de Machado, investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero provenientes del narcotráfico.
En la misma resolución, el magistrado procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exlegislador, como presunto partícipe necesario del lavado de activos y ordenó un embargo de 700 millones de pesos. También dispuso una medida patrimonial de 500 millones sobre Varianza SA, una sociedad vinculada al entorno familiar de Espert.
La explicación de Espert y las sospechas de la Justicia
El exdiputado sostuvo que los 200 mil dólares correspondían a un contrato de asesoramiento profesional con la minera guatemalteca. Sin embargo, la investigación judicial puso bajo sospecha la autenticidad de ese acuerdo y la efectiva prestación de los servicios.
Una de las hipótesis que se analizan es que Minas del Pueblo habría funcionado como una estructura utilizada para justificar movimientos de dinero mediante contrataciones que, según la acusación, no se habrían concretado.
El procesamiento se conoció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara un planteo de la defensa de Espert para anular distintas medidas probatorias. Sus abogados habían cuestionado actuaciones impulsadas por la Fiscalía después de la declaración indagatoria, además de testimonios, informes patrimoniales y peritajes sobre dispositivos electrónicos.
La defensa también objetó la incorporación de informes de inteligencia a los que aseguró no haber tenido acceso y cuestionó que no se le hubiera permitido designar un perito de parte para determinadas intervenciones.
La decisión judicial se suma a otras restricciones patrimoniales que ya pesaban sobre Espert y su esposa, María Mercedes González. Anteriormente, Mirabelli había dispuesto la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre su patrimonio, medidas que fueron prorrogadas en marzo de 2026 y posteriormente confirmadas por la Cámara Federal de San Martín.
Con este nuevo procesamiento, la situación judicial del exlegislador se complica, aunque la resolución no constituye una condena y podrá ser recurrida por su defensa.
