La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y protección de inmuebles. Sin embargo, el texto incorporó un capítulo que restituye la Ley de Tierras Rurales, derogada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023.
El capítulo referido a la restitución de esa normativa obtuvo un amplio respaldo, con 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. De esta manera, la Cámara baja avanzó con una modificación que establece nuevamente restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La incorporación de este apartado representó un cambio respecto de la postura inicial del oficialismo. La modificación fue promovida por el diputado radical Diógenes González y recibió el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. El acuerdo permitió incorporar dos artículos destinados a revertir la derogación de la legislación sancionada en 2011.
En concreto, el artículo 38 del proyecto deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restituye la plena vigencia de la Ley 26.737. Esta normativa establece que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% del territorio rural nacional, provincial o departamental. También contempla restricciones para evitar la concentración de grandes extensiones en propietarios de una misma nacionalidad.
Más allá de la cuestión vinculada con las tierras, el proyecto introduce cambios importantes en el régimen de propiedad privada. Entre ellos, establece nuevas condiciones para las expropiaciones, con mayores exigencias para justificar la utilidad pública y modificaciones en los mecanismos de indemnización. También contempla procedimientos más rápidos para recuperar inmuebles ocupados, incluyendo mecanismos de restitución en determinados supuestos.
Otro de los puntos relevantes está relacionado con los desalojos por falta de pago de alquileres. La iniciativa contempla que el propietario intime previamente al inquilino y le otorgue un plazo de diez días para regularizar la deuda. Estas disposiciones forman parte de una reforma más amplia que busca modificar los procedimientos vinculados con la recuperación de propiedades.
El tratamiento parlamentario estuvo atravesado por las negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques opositores. La restitución de la Ley de Tierras surgió en medio de la discusión sobre la continuidad del DNU 70/2023, cuya derogación integral había sido impulsada por sectores de la oposición. La incorporación del capítulo permitió avanzar con una alternativa limitada específicamente a la normativa sobre tierras rurales.
Ahora, el proyecto regresará al Senado, que deberá definir si acepta las modificaciones introducidas por Diputados o insiste con su redacción original, para lo cual necesitará reunir la mayoría agravada correspondiente. Hasta que concluya ese trámite legislativo, la iniciativa no tendrá sanción definitiva.
