"Lo peor ya pasó", repitió Macri en sus últimas intervenciones públicas. A partir de hoy, sin embargo, empezará a correr la última tanda fuerte de ajustes tarifarios: el agua y el gas aumentarán entre un 35 y 40%, mientras que el colectivo pasará de 8 a $9 en su boleto mínimo.
Desde que Cambiemos llegó al poder, las subas de los servicios públicos fueron superiores a las de la inflación. La respuesta del gobierno fue clara: todos los valores estaban atrasados y era necesaria una "recomposición" de los costos de producción.
Los astronómicos aumentos del 2016 desplomaron el consumo (la gente tuvo menos ingreso disponible para gastar en otros rubros) y también la actividad económica. "Lo resolvieron con una motosierra", describió Massa en aquel momento.
A Cambiemos le tocó destapar una olla en ebullición. Los subsidios a la luz, el gas y el transporte nacieron en el 2002 como una respuesta urgente a la crisis social. A partir del 2003, el país empezó a crecer a tasas chinas, generó millones de puestos de trabajo, bajó la pobreza y la inflación era de un dígito. Pero los servicios públicos siguieron prácticamente congelados.
El por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, le recomendó a Néstor Kirchner reducir los subsidios. Lo peor ya había pasado y era necesario que los valores no se sigan retrasando. Lavagna veía venir lo que lamentable después ocurrió: la bola de subsidios no se frenó, el gobierno perdió el superávit fiscal y empezó a recurrir a la emisión monetaria para tapar ese faltante. La consecuencia de ese esquema fue una inflación consolidada del 25% a partir del 2007.
El congelamiento de las tarifas fue una decisión política de los Kirchner. Era el sueño de cualquier argentino: que la luz y el gas sean servicios casi regalados. Nunca antes había pasado. Ese sistema generó un bienestar a corto plazo y, por sobre todas las cosas, una gran cantidad de votos en 2007 y 2011. Lavagna no quiso participar de ese esquema insostenible y pegó el portazo.
Los aumentos que hubo en 2016, 2017 y 2018 deberían haberse distribuido entre el 2005 y el 2015. Esa década de retraso cayeron como un baldazo de agua fría. Macri se tomó tres años para re-establecer precios "razonables" y pagó el costo político.
A partir del 2019, de acuerdo a lo que informó Aranguren, el gas y la luz sufrirán incrementos únicamente por la inflación. Habrá que esperar para creerlo.
Pero si en estos tres años hubo un festival de tarifazos, ¿cómo pudo ser que la pobreza descendiera al 25.7%? En principio, hay que advertir que el dato de pobreza corresponde al último semestre de 2017, donde el gobierno no aplicó subas por las elecciones. Entre abril y octubre del año pasado hubo una primavera de la actividad económica, y la inflación anualizada en esos meses estuvo por debajo del 20%. Es razonable que la pobreza haya bajado.
Hay otro elemento adicional: el renacer (tras un derrumbe en 2016) de las "changas", que se mueven al calor del crecimiento de la construcción. Esas familias que viven de changas y planes sociales suben y bajan todo el tiempo de la línea de la pobreza. Si el gobierno impulsa la construcción y mantiene un fuerte gasto social, es posible que esas personas se mantengan a flote. Sin sobrarle nada, por supuesto.
Con los ajustes tarifarios, la clase media fue la gran perdedora. Es la clase "adelgazada" desde el 2015 y la que pagó los costos de la "recomposición" de los servicios públicos. En conclusión, es posible que exista un gran porcentaje de argentinos que tengan ingresos muy próximos a la línea de la pobreza. Por eso, el gobierno no puede confiarse.
Para finalizar, veamos algunos datos llamativos de la pobreza. La región más pobre es el noroeste con el 33%. Pero en el Gran Resistencia (tierra donde gobierna Capitanich) subió al 40%. Preocupante. En Rio Gallegos, la pobreza directamente se duplicó: pasó de 9 al 18%.
¿Qué pasó en el Gran La Plata? La pobreza bajó del 30.8 al 23.1%, y fue el segundo conglomerado de la Región Pampeana con menor tasa de indigencia: 2.5%.
