La causa judicial contra Tamara Roh, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la psicología en La Plata, sumó un nuevo capítulo. Su abogado presentó un descargo ante la Fiscalía N° 15, aportó certificados de formación y solicitó una serie de medidas para intentar demostrar que su clienta no cometió los delitos que se le atribuyen.
La presentación fue realizada el pasado 9 de octubre por el abogado Lautaro Splizer, quien pidió que se investiguen los alcances de los estudios realizados por Roh y que, una vez completadas las medidas de prueba, se evalúe su sobreseimiento total o parcial.
Uno de los principales argumentos de la defensa gira alrededor de la formación académica de la acusada. Según el escrito, Roh cuenta con certificados de la Universidad Popular Ensenaje (UPE), de la Primera Escuela de Psicología Social Clínica Argentina de La Plata y una credencial de la Asociación de Psicología Social Clínica Argentina (APSCA).
Entre la documentación presentada aparecen capacitaciones de 1.650 y 144 horas. Sin embargo, el propio abogado aclaró que esos certificados no equivalen a un título universitario de licenciada en Psicología ni otorgan automáticamente una matrícula profesional para ejercer.
En ese sentido, la defensa pretende establecer qué información recibió Roh sobre las actividades que podía desarrollar a partir de sus estudios. También reclamó que la Fiscalía identifique en qué documentos, publicaciones o comunicaciones la mujer se habría presentado como licenciada en Psicología.
El informe escolar de $30.000 que complica a la acusada
Otro de los puntos centrales de la investigación está relacionado con un informe fechado el 12 de junio de 2026, presuntamente confeccionado para una institución educativa, por el cual Roh habría cobrado $30.000.
La Fiscalía investiga si existió una falsificación documental y una posible estafa. Frente a estas acusaciones, el abogado solicitó acceder al documento original, incluyendo firmas, sellos, membretes y cualquier referencia a una supuesta matrícula profesional.
Además, planteó que debe determinarse si existió una falsificación material o si las irregularidades investigadas están vinculadas con el contenido del informe y las habilitaciones de quien lo firmó. También pidió establecer qué servicios fueron efectivamente prestados y cuál habría sido el perjuicio económico de la persona que contrató a Roh.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la intervención de la fiscal Cecilia Corfield. Según trascendió de fuentes judiciales, la acusada podría prestar declaración durante los próximos días para ampliar su versión de los hechos y responder a las imputaciones.
La resolución de estas medidas será determinante para establecer si la causa avanza hacia una instancia de juicio o si prospera el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa.
