La celebración de la 35ª Marcha del Orgullo en Argentina estuvo atravesada este sábado 7 de noviembre por una preocupante realidad: los crímenes de odio contra personas LGBT+ alcanzaron cifras récord y continúan aumentando. Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante 2025 se registraron 227 casos, lo que representó un incremento del 62% respecto de 2024. La situación se agravó durante 2026, con 263 episodios contabilizados hasta el momento, equivalentes a un hecho cada 28 horas.
El relevamiento, difundido por Chequeado, muestra que la violencia contra la diversidad sexual mantiene una tendencia creciente desde 2021. Aquel año se habían registrado 120 casos, mientras que en 2022 fueron 129, en 2023 llegaron a 133 y en 2024 alcanzaron los 140. Sin embargo, el salto registrado durante 2025 marcó un punto de inflexión y convirtió a ese período en el más violento desde que comenzaron las mediciones en 2016.
Uno de los datos más preocupantes está relacionado con el aumento de las agresiones físicas. Durante 2023 se documentaron 42 ataques que no terminaron en muerte, cifra que ascendió a 73 en 2024 y se duplicó hasta alcanzar los 147 episodios durante 2025. Esto significa que la violencia física representa actualmente una parte mayoritaria de los crímenes de odio documentados por el organismo.
Las mujeres trans y travestis continúan siendo las principales víctimas de esta violencia. Durante 2025 concentraron aproximadamente el 63% de los casos registrados, con 142 episodios. Además, el relevamiento contabilizó 80 situaciones que implicaron pérdidas de vidas, entre asesinatos, suicidios y muertes asociadas a condiciones de violencia estructural. De ese total, 63 víctimas fueron mujeres trans.
El informe también advierte que las cifras podrían ser considerablemente superiores, ya que únicamente se incluyen los episodios difundidos por medios de comunicación o denunciados ante organizaciones especializadas. Esto significa que numerosos ataques, amenazas y situaciones de discriminación podrían permanecer fuera de las estadísticas oficiales y de los registros elaborados por las organizaciones de derechos humanos.
La preocupación volvió a instalarse con fuerza después del violento ataque ocurrido recientemente en los bosques de Palermo, donde un grupo de aproximadamente 50 ciclistas agredió a mujeres trans, filmó los hechos y difundió las imágenes en redes sociales. Al menos seis mujeres resultaron heridas, una de ellas con lesiones de gravedad. El episodio motivó una investigación judicial y provocó el repudio de distintas organizaciones y referentes políticos.
En ese contexto, el Observatorio vinculó el incremento de la violencia con el retroceso de políticas públicas destinadas a proteger los derechos de la diversidad sexual. Entre los factores mencionados aparecen el cierre del INADI, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y los recortes en programas de asistencia. El organismo también cuestionó determinados discursos del Gobierno de Javier Milei, al considerar que contribuyen a generar un clima de mayor hostilidad hacia la comunidad LGBT+. Se trata de una interpretación del Observatorio sobre el contexto político y social en el que se producen los ataques.
La situación también generó advertencias internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó durante 2025 las declaraciones de funcionarios de Argentina y Estados Unidos que estigmatizan a personas trans y no binarias. En la misma línea, Amnistía Internacional advirtió sobre las consecuencias de los discursos discriminatorios y el debilitamiento de los mecanismos estatales de prevención y protección.
Así, mientras miles de personas participaron de una nueva Marcha del Orgullo bajo la consigna “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, las estadísticas expusieron una problemática que trasciende la celebración. Con 263 crímenes de odio registrados en poco más de diez meses, Argentina ya superó la totalidad de los casos documentados durante 2025, en un escenario que vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer las políticas de prevención de la violencia y garantizar la protección de los derechos de las personas LGBT+.
