La ciudad de La Plata enfrenta cuestionamientos sobre el alcance de sus políticas públicas destinadas a la diversidad sexual. Desde que Julio Alak asumió la intendencia, en diciembre de 2023, distintas organizaciones travestis y trans denunciaron dificultades para acceder a derechos básicos, demoras en compromisos oficiales y situaciones de presunto maltrato institucional. Los antecedentes, que incluyen protestas frente a dependencias municipales y reclamos por el cupo laboral, exponen una distancia entre los anuncios de inclusión y las respuestas que demandan algunos de los sectores más vulnerables de la comunidad LGBT+.
Uno de los primeros conflictos se produjo en febrero de 2024, cuando trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad denunciaron que 12 de las 23 profesionales del área habían quedado sin cobrar sus salarios tras la renovación de contratos municipales. Las afectadas advirtieron que la reducción del personal podía comprometer la atención y el acompañamiento de mujeres y personas de la diversidad que atravesaban situaciones de violencia. El episodio ocurrió apenas dos meses después de la llegada de la nueva administración al Palacio Municipal.
En marzo de ese mismo año, Alak presentó el Consejo Consultivo de Políticas Públicas para Mujeres y Diversidades, acompañado por la ministra bonaerense Estela Díaz y la secretaria municipal Silvina Perugino. La iniciativa fue anunciada como una herramienta para fortalecer la participación de organizaciones y promover políticas de igualdad. Entre los objetivos oficiales se encontraba la puesta en funcionamiento de una mesa de cupo laboral travesti-trans, con la intención de alcanzar el 1% de la planta municipal hacia el final del mandato. Sin embargo, el avance efectivo de ese compromiso comenzó a convertirse en uno de los principales motivos de reclamo.
La discusión llegó al Concejo Deliberante durante 2025. En abril, las concejalas oficialistas Ona Parrilli y Micaela Maggio impulsaron una iniciativa para adherir a la Ley Provincial Diana Sacayán, mientras que en septiembre Pablo Elías presentó otra propuesta para extender su aplicación al propio cuerpo legislativo. Los proyectos buscaban garantizar la incorporación de personas travestis, transexuales y transgénero al empleo público. Más de un año después de los primeros anuncios municipales, la necesidad de impulsar esas ordenanzas ponía nuevamente en discusión el acceso efectivo al trabajo formal.
La situación alcanzó uno de sus momentos más tensos en septiembre de 2026. Integrantes de la comunidad travesti-trans se concentraron en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada sobre avenida 7 entre 48 y 49, para reclamar la entrega de tarjetas alimentarias que, según denunciaron, habían sido comprometidas meses antes. El 17 de septiembre permanecieron durante varias horas dentro de la dependencia y denunciaron amenazas de desalojo. El conflicto volvió a repetirse una semana después, cuando realizaron un corte de tránsito para exigir respuestas y avances en el cupo laboral.
Durante aquella segunda movilización, integrantes de Travestis Autoconvocadas aseguraron que habían sido convocadas a una mesa de trabajo y que, al llegar, encontraron un cordón policial. Las manifestantes cuestionaron el tratamiento recibido y advirtieron sobre las dificultades económicas que atravesaban algunas de sus compañeras. Desde la Municipalidad explicaron que se estaba brindando asistencia alimentaria y social de acuerdo con las situaciones de mayor vulnerabilidad y las posibilidades presupuestarias. También ratificaron el compromiso de avanzar con la implementación del cupo laboral.
Pero las denuncias no terminaron allí. El 4 de noviembre de 2026, Lena, integrante de Travestis Autoconvocades, afirmó en una entrevista con Radio Estación Sur que trabajadoras sexuales trans sufrían hostigamientos por parte de agentes de la Guardia Urbana municipal. La referente denunció persecuciones, insultos y agresiones en la zona roja platense, además de cuestionar un intento de tapar el mural dedicado a La Moma en Plaza Matheu. Se trata de acusaciones realizadas públicamente por la organización que vuelven a poner bajo discusión la relación entre el Estado local y parte de la comunidad travesti-trans.
La misma referente cuestionó las condiciones de entrega de las tarjetas de asistencia alimentaria, al asegurar que algunas habían llegado sin fondos o con datos de identidad incorrectos. Las denuncias incorporaron una nueva dimensión al conflicto que había estallado en septiembre y plantearon interrogantes sobre el seguimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. Mientras tanto, las organizaciones continuaron reclamando oportunidades laborales y mecanismos de asistencia que les permitan sostener condiciones de vida dignas.
Buenas intenciones, pocos hechos
La gestión municipal, por su parte, cuenta con antecedentes institucionales en la materia, como la creación del Consejo Consultivo y la participación en el lanzamiento de la Red Orgullo junto al Gobierno bonaerense durante febrero de 2025. Sin embargo, la continuidad de los reclamos plantea un interrogante sobre los resultados concretos de esas iniciativas. La existencia de mesas de diálogo y programas de formación no permite, por sí sola, establecer cuántas personas lograron acceder al empleo formal, recibieron asistencia sostenida o encontraron respuestas frente a situaciones de discriminación.
A casi tres años del inicio de la gestión de Julio Alak, el debate sobre la diversidad sexual en La Plata sigue atravesado por demandas que exceden los actos institucionales y las declaraciones públicas. Las protestas por alimentos, los pedidos de aplicación del cupo laboral y las denuncias de presunta violencia institucional muestran que una parte de la comunidad continúa reclamando políticas de inclusión con resultados verificables. La discusión de fondo ya no pasa solamente por anunciar compromisos, sino por demostrar cómo se traducen en derechos efectivos para quienes habitan la capital bonaerense.
