El escándalo de Gils Carbó llega hasta La Plata

Se conocieron nuevos documentos de la sospechosa compra de un edificio para la Procuración General de la Nación. La Justicia vincula a un platense en el marco de la investigación por la millonaria transacción La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, autorizó en 2013 la compra del edificio de la calle Perón al 600, en Capital Federal, para instalar las oficinas de la dirección del Ministerio Público Fiscal. A partir de la difusión de nuevos documentos que formaron parte del negocio, se podría comprometer en la causa no solo a la abogada, sino al menos a uno de sus funcionarios, al hermano de este y a la inmobiliaria que intervino en la transacción. Juan Carlos Thill, de 50 años, vive en Los Hornos y ejerce como productor de seguros patrimoniales y de vida. Su matrícula, según el registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación, es la 47.338. No tiene relación conocida con el mercado inmobiliario. Sin embargo, por el supuesto asesoramiento que brindó a otra empresa que participó de la compra-venta cobró 3 millones de pesos. El 1º de marzo de 2013, la firma Arfinsa SA, que le vendió el edificio a la Procuración, contrató a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios para que interviniera en el negocio. A su vez, el 4 de ese mes, la inmobiliaria contrató como asesor a Thill. Curiosamente, todo esto ocurrió días antes del llamado a contratación pública, que fue el 6 de marzo, pero Bárbara Jaureguiberry, encargada de firmar el contrato por la inmobiliaria, y el asesor platense ya conocían hasta el número que llevaría la licitación. Un buen negocio Cuando se concretó la venta del inmueble, Jaureguiberry cobró una comisión bastante más elevada que el promedio del mercado, alcanzando 7,7 millones de pesos. A su vez, compartió la mitad con Thill, que llamativamente es hermano por parte materna de Guillermo Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cuando se llevó a cabo la licitación para la compra del edificio. La inmobiliaria y el productor de seguros no tienen ningún vínculo conocido, pero se sospecha que pueden haber sido presentados por alguien que conocía el negocio de la compra del edificio desde adentro de la Procuración. Thill emitió su factura 1-00000252 y a partir de ello cobró la millonaria suma, en blanco y con comprobante que lo acredita. Bellingi, el hermano del platense, continúa ejerciendo dentro de la Procuración. Actualmente se desempeña en el área técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el equipo del Ministerio Público que investiga y combate las maniobras de lavado de dinero. La última actividad pública del funcionario fue una capacitación sobre maniobras off shore. Muy complicada  Hasta la fecha, la transacción está bajo investigación judicial a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. En ese marco, Gils Carbó ya fue imputada, siendo sospechada de favorecer a su exmarido, Héctor Alonso, quien podría tener vínculos con las empresas que participaron del negocio. Pero, además, la procuradora realizó una licitación convocada bajo un marco legal que no estaba vigente por basarse en un decreto que ya había sido anulado años atrás. Gils Carbó podría ser convocada en los próximos días a indagatoria, pudiendo adjudicársele el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, al cual le cabe una pena de “reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.”